Cobraron cupos para integrar las listas de reposición en el Estado
El Ministerio de Trabajo conocía denuncias con datos precisos desde diciembre de 2004. El dirigente Manuel Cortez afirmó que no eran cupos sino “aportes a la causa”.
Por Carlos Castillo
Una nueva sombra de dudas cubre, nuevamente, las listas de ex servidores públicos que fueron cesados en el régimen fujimorista y que han sido beneficiados con reposiciones, adelantos de jubilación y compensaciones económicas. Los trabajadores tuvieron que pagar cupos para asegurarse un lugar en las nóminas que eran entregadas al Ministerio de Trabajo, a pesar de que estos pagos no estaban contemplados en ninguna de las leyes que se dieron para regular el reconocimiento de los beneficios.
La denuncia ha sido proporcionada a Perú.21 por dos ex trabajadores cesados que coinciden en que también les asiste el derecho a ser reconocidos. Afirman que no fueron incluidos en ninguna de las listas anteriores porque discrepaban de este cobro de cupos.
Se trata del ex servidor del Gobierno Regional de Arequipa Carlos Vásquez Horna y del ex funcionario de Cancillería Luis Enrique León Avilés, quienes confirmaron que, para reclamar sus derechos, tenían que abonar una cuota inicial a la dirigencia sindical que gestionaría el beneficio.
Vásquez Horna, dirigente del Frente Independiente Nacional de Trabajadores Cesados Ilegalmente (Finatraci), acusó directamente a los dirigentes de las centrales sindicales Manuel Cortes y Elías Grijalva, quienes –afirma– sacaron provecho de la llamada Coordinadora Nacional de Despedidos (Coordes), instalada en los locales de la CGTP y de la CTP, respectivamente.
En la Coordes, añade, la gente se “matriculaba” y se sometía a las condiciones de sus dirigentes.
Agregó que él participaba con su cuota semanal hasta que comenzó a detectar irregularidades en la elaboración de las listas. Entonces, lo denunció ante las instancias correspondientes y lo sacaron de la Coordes-CGTP y, por lo tanto, de toda posibilidad de alcanzar el beneficio que reclamaba.
León Avilés tiene una historia diferente. Se trata de un profesional que hoy cumple labores de docencia en una universidad privada y que fue cesado por Fujimori de Torre Tagle. Relató que fue hasta el local de la CGTP y, cuando expuso su caso, se le pidió 250 nuevos soles para iniciar las gestiones. “Me di la vuelta y me retiré; ese cobro no estaba en la ley”, remarcó.
MINISTERIO LO SABÍA. Lo que llama la atención es que estas denuncias sobre cobro de cupos no eran un simple “vox populi’. En noviembre de 2004, el entonces viceministro de Trabajo, Alfredo Villavicencio, remitió una carta al entonces secretario general de la CGTP, Juan José Gorriti, comunicándole que estas denuncias habían llegado a su despacho.
En la misiva, Villavicencio comunica que César Valente Paz y Gustavo Ochoa Mendoza, cesados de Aduanas, habían indicado que tenían plazo hasta el 10 de diciembre de ese año para pagar el cupo de US$300, y que dicha cantidad sería entregada al despacho ministerial, y que, de lo contrario, “no habría beneficio alguno”.
Adicionalmente, este diario accedió a una copia del informe presentado por Coordes-CGTP sobre el tercer listado, en la que hace referencia de “listados prioritarios” que deben estar finiquitados “en base al cumplimiento de los criterios establecidos”.
Dicho documento dice “ratificar que todo aquel que no haya cumplido con rendir cuentas de la rifa quedará suspendido en sus derechos y, por lo tanto, no podrá formar parte de nuestro listado prioritario. Asimismo, aquellos que tengan cuentas pendientes por más de tres meses con la caja central”.
Perú.21 buscó el descargo del ex diputado de izquierda Manuel Cortez, quien manifestó que no se trataba de cupos, sino de “aportes a la causa que se cobran en toda institución”.
Admitió que las “listas prioritarias” eran para las personas “que nos fajamos por la reposición y pusimos todo nuestro esfuerzo”.
peru21.pe, 3 de Junio del 2009
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