Replop!!!!! Perú Posible pese a denuncia contra Toledo: “Esperamos ser gobierno en el 2016”

Perú Posible pese a denuncia contra Toledo: “Esperamos ser gobierno en el 2016”

Luis Thais, secretario general de la chacana, afirmó que informe del Caso Ecoteva “es un mamarracho”

Para Thais, el documento “es un mamarracho”, porque no está sustentado en pruebas. (Foto: Alessandro Currarino)

(elcomercio.pe). El informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que recomienda denunciar al ex presidente Alejandro Toledo por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, no será un obstáculo para que Perú Posible tenga un rol protagónico en las elecciones generales del 2016, según afirmó hoy su secretario general, Luis Thais.

“Nos estamos preparando para el 2016, esperamos ser gobierno, ya lo hicimos y estamos preparados para hacerlo mejor”, manifestó.

Para el dirigente peruposibilista, el documento “es un mamarracho”, porque no está sustentado en pruebas.

Además, consideró que el informe es “inconsistente” y reiteró que el grupo investigador no respetó el debido proceso. Por ello, indicó, el Pleno del Congreso de la República no debe aprobarlo.

“RECURSOS NO SON DE TOLEDO” 

Thais expresó su confianza en que la fiscalía archivará la investigación sobre presunto lavado de activos contra Toledo, porque existen documentos bancarios que demuestran la licitud del dinero con el que se adquirió las citadas propiedades, y que esos recursos pertenecen al empresario Josef Maiman.

“No me queda duda de que tienen que archivar el caso, porque si no lo hicieran, también acusarían a los bancos Citibank, Scotiabank, J.P Morgan y de Crédito de haber han participado de un proceso ilegal, porque no hicieron ninguna observación”, refirió en diálogo con la agencia Andina.

Thais reiteró que la documentación bancaria sobre las operaciones de compra, que en su opinión es la mejor garantía de que los recursos de Ecoteva no son de Toledo, no fue tomada en consideración por la Comisión de Fiscalización.

Fredy Otárola, el "escudero" nacionalista que busca dirigir el Congreso [PERFIL]

El legislador prometió de ser dialogante y evitar la confrontación, pero sus declaraciones contra quienes critican al Gobierno siembran dudas sobre su eventual gestión

Fredy Otárola, un congresista polémico que ahora quiere sentarse en la Mesa Directiva. (Foto: Archivo del Congreso)

SEBASTIAN ORTIZ MARTÍNEZ @Shebas07

El Comercio, Redacción Online

La caída del saliente presidente del Congreso, Víctor Isla, a raíz de la repartija en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, directores del Banco Central de Reserva y defensora del Pueblo, le abrieron al legislador nacionalista Fredy Otárola una puerta que hasta hace una semana estaba cerrada para él: una postulación para dirigir la Mesa Directiva del Parlamento.

Otárola, congresista reelecto por Áncash, prometió ayer en la presentación de su lista que será dialogante y, horas antes en su cuenta de Twitter, dijo que evitará ser confrontacional. Sin embargo, sus declaraciones y ataques contra casi todo aquel que criticó al Gobierno del presidente Ollanta Humala, siembran dudas sobre si logrará generar el conceso que el Legislativo necesita.

¿Quién es la carta del oficialismo? Otárola tiene 52 años y es abogado y notario. Antes de ser electo en el 2006 como legislador por el Partido Nacionalista, postuló al Congreso de la República en 1995 en la lista de Somos Perú sin mayor éxito. De su vida profesional es poco lo que se conoce, pero su trayectoria política ha estado marcada por enfrentamientos y fuertes intercambios de palabras con sus opositores.

En la actual gestión del Congreso, es decir desde su segunda elección, en el 2011, se puede hacer un recuento de los excesos verbales que ha tenido el candidato a la Presidencia del Congreso.

Antes de que comience el Gobierno nacionalista, este ya enfrentaba su primera crisis: el viaje de Alexis Humala y del congresista oficialista Josué Gutiérrez Cóndor a Moscú, donde se presume negociaron contratos a nombre del Gobierno con empresarios y autoridades rusas. El caso fue trasladado a la Comisión de Fiscalización, que casualmente el legislador viajero integraba.

Cuando Otárola, entonces vocero de Gana Perú, fue consultado por la presencia de Gutiérrez en una comisión que lo investiga a él y a Alexis Humala, estalló en carcajadas y atinó a decir que “fue un error”. “Lo solucionaremos el lunes. Inicialmente él no estaba (en Fiscalización). De acuerdo con los sorteos no le tocaba. Estamos presentando un cuadro para el ajuste de algunas comisiones, parece que va a ser necesario. Vamos a ver qué resulta”, respondió. Efectivamente, esto ocurrió.

EL BLINDAJE A CHEHADE 

A pesar de que en reiteradas ocasiones dijo que blindaría a su colega de bancada Omar Chehade, cuestionado al inicio del Gobierno por supuestamente ejercer presión a la Policía para que intervenga la azucarera Andahuasi, el escudero nacionalista intentó que el caso no sea visto por el presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay. Según argumentó, el pastor evangélico había adelantado opinión en una entrevista que dio a El Comercio en noviembre del 2011.

“El congresista Lay está actuando muy mal. Acaba de condenar a Chehade y [Celia] Anicama sin esperar la resolución final de la comisión. Son argumentos que podrían debilitar una posible investigación en el Poder Judicial pues violan un principio”, argumentó Otárola. Chehade fue sancionado con 120 días de suspensión al igual que la denominada ‘robacable’. Pero no pasó nada más con el ex vicepresidente de la República.

En enero del 2012, Otárola fue uno de los 13 congresistas de la Comisión Permanente que votaron en contra del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que pidió el desafuero del parlamentario. ¿Dónde quedó su promesa de que no habría protección?

RESPALDÓ CONTRATO DE OBREGÓN 

Otra postura cuestionada de Otárola fue su respaldo a la contratación de la ex congresista Nancy Obregón como asesora de la Dirección de Participación Ciudadana del Parlamento. “Creo que tiene los méritos suficientes, es una persona muy capaz, líder, con capacidad de mando, de dirección, proactiva. Ella cumple los requisitos”, dijo en defensa de la dirigente cocalera, ahora detenida por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Consultado hace una semana sobre la captura de Obregón, a quien se le vincula también con los hermanos senderistas Quispe Palomino, el posible presidente del Congreso dijo que cree en la inocencia de su ex colega parlamentaria. “Nosotros creemos en (la inocencia de) Nancy Obregón, pero también creemos en la independencia y separación de poderes. Hay un Ministerio Público que está investigando, un Poder Judicial que está actuando sin interferencia ni del Ejecutivo ni del Legislativo”, aseguró en Radio San Borja.

LA OPERACIÓN IMPECABLE 

Quizás una de sus más lamentables declaraciones fue la que ofreció en relación a la operación en el centro poblado de Ranrapata, en Junín. Pese a que falleció una niña de ocho años, Otárola sostuvo que la intervención militar y policial “fue impecable” y “con resultados absolutamente positivos”. Aseguró, además, que la víctima “no tiene balas que corresponden a nuestras Fuerzas Armadas ni policiales”, aunque aún no contaba con los resultados de los peritajes.

ARREMETIÓ CONTRA CIPRIANI 

A fin de marzo último, el candidato a la Presidencia del Congreso arremetió contra el cardenal Juan Luis Cipriani, quien le había pedido al presidente Ollanta Humala resolver el pedido de indulto humanitario hecho por el ex jefe de Estado Alberto Fujimori. En esa línea, consideró que la comunidad católica no está representada por el arzobispo de Lima, quien en “en Ayacucho permitió torturas a sacerdotes y demócratas so pretexto de combatir el terrorismo”.

“Es triste para nosotros los católicos tener un cardenal vinculado a esas torturas. Él fue cómplice de las torturas que se cometieron durante ese régimen”, acotó el legislador.

NINGUNEÓ A VARGAS LLOSA 

Un mes después, Otárola volvió a ser víctima de su ímpetu y se fue nuevamente de boca. Hizo una declaración que pudo ahondar más las diferencias entre el Gobierno y el escritor Mario Vargas Llosa, pues señaló que este “no es garante de nada” sin recordar que el premio Nobel respaldó la candidatura de Humala en la segunda vuelta.

Consultada su opinión sobre las críticas lanzadas por Vargas Llosa a los mandatarios que asistieron a la juramentación de Nicolás Maduro en Caracas, Otárola respondió: “Vargas Llosa no es garante de nada. El señor es un destacado peruano a quien respetamos mucho, con el que coincidimos mucho, pero en la democracia podemos discrepar de algunos otros”. Sus palabras no terminaron ahí: afirmó que “la hoja de ruta es el camino para llegar a la gran transformación” y que “no hay ningún viraje del Gobierno”.

AVALÓ REPARTIJA 

Luego de la emisión del audio, que reveló la repartija de cargos en el TC, BCR y Defensoría del Pueblo, el congresista de Gana Perú lejos de reconocer que estaban incurrieron en un error avaló el proceso y sostuvo que la candidatura de Pilar Freitas no podía ser invalidada. “Existiendo la presunción de inocencia creo que no se puede invalidar una candidata (…) Con respecto al tema de la fundación Canevaro no hay ninguna denuncia en contra”, sostuvo.

También defendió las candidaturas de los ex legisladores nacionalistas Víctor Mayorga y Cayo Galindo al Tribunal Constitucional. “Los dos no tienen ningún cuestionamiento ético”, aseguró.

Sobre la postulación del Rolando Sousa al TC, la justificó señalando que “sin el fujimorismo no conseguíamos los votos (suficientes)”.

OTRAS PERLITAS 

En el 2011 cuando se llevó a cambio el pleno en Ica, Otárola dijo que esa jornada fue un “plan piloto”. Ese traslado le costó al Estado más de 220 mil soles.

Cuando fue presidente de la Comisión de Constitución planteó el regreso a la bicameralidad. La propuesta del legislador se dio pese a que durante el anterior Congreso el humalismo se opuso rotundamente a esa enmienda legislativa.

A fines del 2012, Otárola defendió, a pesar de lo dicho por el presidente Humala, el aumento del pago por función de representación. Señaló que en sus viajes a Áncash (departamento al que representa) gasta mucho más de lo que recibe para cumplir la función de representación.

También sostuvo que con Perú Posible no había alianza. “Solo cuando se trataba de temas de trascendencia nacional se concilió con Perú Posible, pero nunca hubo trato. Se está ejerciendo la función democrática en toda su dimensión”, añadió. Sin embargo, meses después, respaldó la propuesta fallida de la chacana para que se cree una comisión especial que investigue al ex presidente Alejandro Toledo.

¿Qué opinas del candidato del oficialismo a la Presidencia del Congreso?

¿Por qué marchan los universitarios? Siete puntos de la ley que rechazan alumnos y docentes

A nivel nacional diversas comunidades universitarias se movilizan contra una medida que, aseguran, dejará sin autonomía a sus casas de estudio. Estos son los pormenores de la Ley Universitaria

(Archivo El Comercio)

ENRIQUE VERA @kiquevera

El Comercio, Redacción online

El dictamen de la nueva Ley Universitaria está en la mitad de su aprobatoria y al centro de una borrasca de rechazo solo comparable al cúmulo de protestas encendidas por la Ley del Servicio Civil durante las dos últimas semanas. De los 142 artículos -con 14 disposiciones complementarias transitorias y cinco disposiciones complementarias finales- que contempla el proyecto de ley, la Comisión de Educación, que preside el general (r)Daniel Mora, hasta hoy ha dado el visto bueno a 74. Cada capítulo en deliberación ha sido una historia distinta de imprecaciones entre el grupo del peruposibilista y sectores que lo sindican de promover el control del Ejecutivo en las universidades mediante la Superintendencia Nacional de la Universidad Peruana (Sunau). Rectorados, la asamblea nacional que los agrupa, federaciones estudiantiles y hasta la Confiep han remarcado la inconveniencia de crear una instancia más dentro del Estado para “manejar” el rubro académico superior que podría mejorar de manera autónoma. Estos son los capítulos hasta ahora refrendados en comisión.

1. DISPOSICIONES GENERALES. En seis días de discusiones la comisión Mora estableció que el proyecto de ley en cuestión acoge como fin supremo el mejoramiento de la calidad educativa. Para ello es imprescindible normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Toda autonomía en esos recintos académicos, se puntualiza, será inviolable, sin embargo, se instaurará la Superintendencia Nacional de la Universidad Peruana para asumir, entre otras, funciones que antes concentraban laAsamblea Nacional de Rectores y el Consejo Nacional de Autorización y Funcionamiento de Universidades (Conafu).

2. LA SUPERINTENDENCIA. Sesenta días después de una eventual promulgación de la ley, deberá instituirse la Superintendencia Nacional de la Universidad Peruana. Este organismo, adscrito al Ministerio de Educación, tendrá funciones normativas y reguladoras en poder de nueve miembros que conformarán su junta directiva. Así, un representante de la citada cartera, uno del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec), tres sugeridos por las ocho universidades públicas más antiguas y tres propuestos por las ocho universidades privadas más antiguas, más uno que designarán los colegios profesionales y otro proveniente del sector empresarial, supervisarán la calidad de educación que se imparta. Además, ese directorio fiscalizará el uso de los recursos de las universidades y tendrá potestad para cancelar la acreditación de cualquiera de aquellas casas de estudio, públicas o privadas, incluidas sus facultades o escuelas profesionales. La junta actuará además como filtro para evitar que las planas docentes tengan condenados por terrorismo, violación sexual o tráfico de drogas. Quienes constituyan la superintendencia deben contar con grado de doctor, experiencia en el ámbito universitario no menor de 20 años, y publicaciones acreditadas. La gestión por integrante será de siete años.

En entrevista con elcomercio.pe el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, Orlando Velásquez, retrucó que la creación de tal superintendencia será condenar a las universidades al permanente manoseo político del Ejecutivo. En la medida que esas casas de estudio dependan del Ministerio de Educación, afirmó, se estará gestando un colapso. “El intervencionismo deparará que el Ejecutivo direccione currículas e imponga lo que deba o no deba hacerse”.

3. FUNCIONAMIENTO. Si ya los roles de control que concentraría la superintendencia generaban furibundas réplicas, lo que terminó por gestar las protestas que hoy han advertido desde distintos frentes universitarioses la facultad que esta nueva entidad tendría para autorizar la creación y funcionamiento de universidades públicas o privadas. De esta manera la Sunau asumirá la tarea que antes ejercía íntegramente el Consejo Nacional de Autorización y Funcionamiento de Universidades (Conafu). Es decir, antes de la constitución de universidad alguna, la superintendencia debe dar el visto bueno al cumplimiento de varios requisitos. Entre estos, contar con al menos dos facultades cuyas carreras profesionales propuestas satisfagan las demandas que arroje un estudio de mercado previamente realizado, acreditar un plan de desarrollo institucional así como capacidad de inversión y/o financiamiento. En caso se trate de una universidad pública, tres miembros designados por la superintendencia harán las veces de Comisión Organizadora de la nueva casa de estudios ya aprobada. Si fuera una privada, la comisión será integrada por tres personas que elegirá la superintendencia entre cinco propuestas por los fundadores. La autorización provisional para el funcionamiento es otorgada en un plazo no mayor de cinco años.

“Quieren hacer de la Sunau un órgano todopoderoso que crea universidades, que las cierra. El Ministerio de Educación no puede ni con la educación inicial, las universidades con todos los problemas que tienen están dentro de redes y convenios internacionales por su propia autonomía. Imagínese que la Católica o la UNI deban tener la venia del Ministerio de Educación para su operatividad. Es realmente absurdo”, espetó Velásquez.

4. EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Tal como ocurre desde el año 2006, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) estará a cargo de los procesos de evaluación, acreditación y certificación para el mejoramiento de la calidad educativa. En este acápite, el proyecto de ley puntualiza que la ‘Acreditación’ está referida al reconocimiento público y temporal de la institución educativa, área o carrera profesional que ha participado de un proceso evaluatorio. Mientras que la ‘Certificación’ es el reconocimiento público y temporal de las competencias adquiridas para ejercer funciones profesionales o laborales. La Superintendencia supervisará los resultados que el Sineace emita y si la calidad de una determinada universidad o facultad no fuera la adecuada durante, por ejemplo, tres veces consecutivas (que podrían ser en 7 años), también tendrá la potestad de ejecutar los cierres correspondientes. O sea, clausurar y disolver. Pero ¿es necesario el veredicto de una superintendencia aun cuando, por lógica, la universidad no acreditada tendría obligatoriamente que cerrar? Mora ha declarado que si bien la Comisión de Educación busca que el Sineace sea un ente con autonomía presupuestal y administrativa, este “no puede establecerse como juez y parte del proceso”. “No puede fiscalizar la calidad y luego cerrar. Hay otras normas para mejorar la educación. Sineace informará a la Superintendencia qué pasa con determinadas universidades y cómo va la evaluación de calidad, porque ahora va a ser obligatoria”.

5. BACHILLERATO Y LICENCIATURA El proyecto de ley que hoy resiste otra masiva movilización de protesta tiene en la anulación del bachillerato automático, así como en las modificatorias para alcanzar una licenciatura, sus mayores puntos de inflexión para la población universitaria. El artículo 43 del capítulo consignado a la “Organización Académica” precisa que para obtener el grado de Bachiller, un estudiante deberá ser aprobado en la presentación de una tesis. Ello se sumará al pago que cada universidad indica por este proceso. Daniel Mora ha remarcado que esa propuesta no será de ejecución inmediata, ante una eventual aprobación de la norma. Para ello, la comisión que encabeza dictará disposiciones complementarias cuyo objetivo será la adecuación de las universidades al nuevo orden en el tiempo que sea necesario. “Todo va a tener una transición. A los alumnos que les faltan un ciclo o dos para acabar es imposible que les impongamos la tesis ahora. La forma de dar leyes no es irracional”. ¿Será necesaria la preparación y presentación de una segunda tesis para el Titulo Profesional? El artículo 43 así lo señala, no obstante el general Mora ha subrayado que el estudiante también podrá presentar un trabajo de “suficiencia profesional” o acceder al curso de actualización. A este nivel, otro requisito de carácter obligatorio es el conocimiento de un idioma extranjero o una lengua nativa.

6. INVESTIGACIÓN. Hace 11 días quedó aprobado y resaltado que todas las universidades del país tienen en la Investigación una misión sustancial, prioritaria y obligatoria. En el esfuerzo por impulsarla, universidades públicas y privadas deben generar proyectos de investigación y desarrollo que serán evaluados y seleccionados, para su financiamiento y ejecución por la Autoridad Nacional Universitaria y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, las universidades tienen que ser parte del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El proyecto de ley también contempla que los gobiernos regionales destinen el 20 % de los recursos percibidos por canon a las universidades públicas de su jurisdicción. El dinero entrante tendrá como única finalidad la inversión en investigación científica y no el uso para pagos salariales u otros. En medio de la turbulencia que generó la instauración de la Superintendencia Nacional de la Universidad Peruana, comprendida en los primeros capítulos, este punto del proyecto de ley prácticamente pasó desapercibido y no ha registrado mayores sobresaltos.

7. ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Catedráticos, estudiantes matriculados y graduados elegirán mediante “voto universal”, y para un periodo de cinco años, a los rectores y vicerrectores (académicos y de investigación) de sus respectivas casas de estudio. Los candidatos a ambos cargos deben conformar una sola plancha y postularán en lista única. Así, las votaciones de los docentes ordinarios serán los dos tercios del total de sufragios. A los alumnos en carrera y graduados corresponderá el tercio restante. Este proceso electoral será válido en una universidad solo si participa más del 60% de maestros y más del 40% de los estudiantes matriculados. La lista ganadora será aquella que registre el 50% más uno de los votos válidos. Tal como se realiza en los comicios generales del país, si ninguna lista obtiene el mínimo establecido será convocada una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas con mayor votación. Esto en un plazo que no exceda los 60 días. La misma forma tendrá la elección de decanos. El proyecto de ley no contempla la reelección inmediata de alguna autoridad universitaria en ningún caso. Para tentar el cargo de rector, el postulante debe tener grado académico de doctor y no haber sido condenado por los delitos de terrorismo, violación contra la libertad sexual o narcotráfico.

El presidente de la Comisión de Educación ha definido a esta modalidad como “un cambio drástico de sistema”, pues sustituiría la tarea que ahora tienen las asambleas universitarias mediante un Comité Electoral Universitario. Actualmente, los miembros de este comité – tres profesores principales, dos asociados y un auxiliar, y tres estudiantes- organizan un proceso electoral para que los representantes de los docentes ordinarios, estudiantes matriculados y graduados sean elegidos. Quienes resultan favorecidos en esos comicios más los integrantes de la Asamblea Universitaria y los Consejos de Facultad se vota por el nombramiento de rectores, vicerrectores y decanos.

El titular de la ANR refirió a elcomercio.pe que el colegiado no tendrá una posición intransigente si es que el pleno del Congreso refrenda esta parte del proyecto. Sin embargo, lanzó una advertencia: “Con una votación universal se politizarán las universidades y estas quedarán al servicio del clientelismo y populismo. Imagínese en provincias. Sendero debe aplaudir esa medida, porque tendrá el vehículo para llevar a las aulas sus prédicas permanentes en las campañas”.

¿Estás de acuerdo con lo que se ha aprobado hasta ahora de la Ley Universitaria?

Los voceados a defensor del Pueblo y magistrados del Tribunal Constitucional

Para la defensoría se analiza el nombre de Fausto Alvarado y Guido Lombardi, mientras que para el TC las opciones de Francisco Eguiguren, Rolando Sousa, entre otros

Fausto Alvarado iría a la Defensoría, mientras que el fujimorista Rolando Sousa y ex ministro Francisco Eguiguren son voceados para el TC. (Fotos: Archivo El Comercio)

(elcomercio.pe). Aunque no existe un acuerdo final aún, las bancadas del Congreso ya habrían definido el número de propuestas que cada grupo parlamentario hará en la elección de seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC), tres directivos del Banco Central de Reserva (BCR) y el defensor del Pueblo.

En el caso de las propuestas para el TC, según indicó el fujimorista Héctor Becerril, Gana Perú tendrá tres candidatos, la bancada fujimorista dos y Alianza por el Gran Cambio tendrá uno.

El vocero alterno de Fuerza Popular detalló que Perú Posible ya no tendría opción de plantear un postulante al colegiado, pero en cambio le corresponde proponer al defensor del Pueblo.

Además, Solidaridad Nacional, Acción Popular Frente Amplio y Concertación Parlamentaria definirán a los directores del Banco Central de Reserva.

Los voceros de las bancadas han evitado adelantar los nombres de los candidatos.

Sin embargo, se sabe que para defensor del Pueblo están voceados Walter Gutiérrez Ticse, Guido Lombardi y Fausto Alvarado.

Para el Tribunal Constitucional se ha hablado de Francisco Eguiguren,Marcos Ibazeta, Rolando Sousa y Cayo Galindo. ¿Quiénes son estas personas? A continuación se lo contamos:

FAUSTO ALVARADO

La opción del ex ministro de Justicia del toledismo entró al bolo en las últimas horas y tras el acuerdo de los voceros que le da a Perú Posible la opción de presentar la candidatura a defensor del Pueblo. Alvarado postuló al Congreso de la República en las últimas elecciones, pero no alcanzó una curul. El fujimorismo lo cuestionó en la campaña, porque durante su gestión como en el Minjus en el 2003 se aprobó el decreto legislativo 927, que otorgó beneficios penitenciarios a los sentenciados por terrorismo.

En ese momento, el ex legislador dijo que el fujimorismo “es un parásito del terrorismo”.

La candidatura del ex ministro de Justicia, según fuentes legislativas, cuenta con el respaldo de su bancada, el oficialismo y otras fuerzas que harían posible su elección.

WALTER GUTIÉRREZ CAMACHO

Su nombre para ocupar el cargo de defensor del Pueblo suena desde que Beatriz Merino dejó el cargo hace más de dos años. Sin embargo, su eventual postulación y elección es resistida desde la bancada de Gana Perú, que aduce que el ex decano del Colegio de Abogados tiene vínculos cercanos con el aprismo.

Además, Gutiérrez fue acusado por la abogada Luz Áurea Saénz por presunto fraude en las elecciones del Colegio de Abogados del 2007.

GUIDO LOMBARDI 

El periodista y ex legislador es la carta de la bancada de Alianza por el Gran Cambio para nuevo defensor. Lombardi presidió la comisión especial del Parlamento que investigó el ‘Baguazo’ y en su informe final, presentado en minoría, encontró responsabilidad política en los ex ministros Mercedes Cabanillas, Mercedes Aráoz y Yehude Simon por las muertes ocurridas el 5 de junio del 2009 en la Curva del Diablo. El documento fue archivado por el pleno durante el gobierno anterior.

FRANCISCO EGUIGUREN

El ex ministro de Justicia y actual embajador del Perú en España es una de las propuestas de Gana Perú para el Tribunal Constitucional. Durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua fue asesor externo del Minjus y, además, fue juez ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En diciembre del 2011 renunció a su cargo de ministro tras el alejamiento de Salomón Lerner Ghitis y de la izquierda de Gana Perú.

A inicios de este año, Eguiguren consideró que la actual Ley Orgánica de Elecciones, que prohíbe la postulación a familiares directos del jefe de Estado, “no es compatible” con la Constitución y por lo tanto “es inconstitucional”.

CAYO GALINDO

El ex legislador nacionalista es la segunda propuesta que maneja el oficialismo. El abogado de 45 años estudió en la PUCP y tiene una maestría en Ciencias Políticas y Gobierno en la misma casa de estudios.

MARCOS IBAZETA 

La carta del fujimorismo para el TC es el ex presidente de la Sala Nacional Antiterrorista Marcos Ibazeta.

El ex magistrado ha sido crítico de los últimos gobiernos en sentido de que permitieron que bajo un paraguas legal los senderistas actúen con el rostro de agrupaciones como Conare o Movadef. Asimismo, indicó que el Estado “no ha aprendido de sus errores” en la lucha contra una agrupación que maneja muy bien a su favor “el tema constitucional y de derechos humanos”.

Ibazeta también sostuvo en noviembre del año pasado que Antauro Humala incurrió en apología al terrorismo, al revelar no solo su simpatía y cercanía ideológica con los miembros de Sendero Luminoso y el MRTA, sino que fue más allá y presagió que juntos ganarán las elecciones del 2016.

ROLANDO SOUZA

Otro de los nombres que presentaría el fujimorismo es el del ex congresista Rolando Sousa, quien en las últimas elecciones se mostró en desacuerdocon el método utilizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para calcular a las víctimas de la lucha antisubversiva.

“Utilizaron (para calcular el número de víctimas del conflicto armado) un método para calcular cardúmenes de peces en el mar (…) y eso ha sido criticado por todas las personas, porque para hacer un cálculo estadístico de cuántas fueron, evidentemente utilizaron un método así. No es que esté siendo irónico, estoy siendo exacto”, dijo.

Souza es socio del abogado César Nakazaki, quien representa legalmente al ex presidente Alberto Fujimori.

En las próximas horas la bancada de Gana Perú definiría a su tercer postulante al igual que Alianza por el Gran Cambio, que podrá plantear a uno. La reunión de voceros de la tarde será fundamental para la elección de estas autoridades.

Apareció la Muñeca "Nadincita" como parte de campaña presidencial

Muñeca ‘Nadincita’ es parte de una campaña presidencial, según oposición

El congresista Carlos Bruce criticó la aparición de este muñeco en eventos al lado del presidente. Aseguró que hay un “mal uso de recursos públicos”

elcomercio.pe, 12 de Mayo del 2013

El congresista de Concertación Parlamentaria, Carlos Bruce, aseguró que hay una campaña presidencial desde el Gobierno a favor de Nadine Heredia, esposa del mandatario Ollanta Humala, en la cual se estaría haciendo un mal uso de los recursos públicos.

El parlamentario dio estas declaraciones al hablar sobre un muñeco que ha salido en varios eventos oficiales en los cuales ha participado el Presidente de la República, el cual tiene un parecido tal a su esposa que ha sido bautizado popularmente como ‘Nadincita’.

“Es una campaña presidencial abierta y es un mal uso de los recursos público (...) No sé quién lo habrá hecho, quién lo habrá pagado, (pero) esta es una campaña oficial y no sé qué objetivo tiene”, comentó en el programa “Agenda política”.

“Está mal que una persona que no ha sido elegida y que es la segunda persona más importante dentro del Ejecutivo sin tener cargo público sea la primera dama y que se inviertan recursos públicos en aumentar su imagen”, añadió.

Javier Diez Canseco y sus últimos mensajes sobre su lucha contra el cáncer

Antes de su muerte, el congresista se había expresado muy agradecido en Twitter por las muestras de solidaridad recibidas

elcomercio.pe, 5 de Mayo del 2013

(Captura: @javierdcc)

En las últimas semanas, Javier Diez Canseco se había alejado de la escena pública debido al cáncer de páncreas que padeció y que finalmente acabó con su vida anoche. Sin embargo, el congresista se mantuvo presente a través de Twitter.

En la red de microblogging, expresó en más de una ocasión su agradecimiento por las muestras de solidaridad recibidas tras revelar la enfermedad que lo aquejaba.

El pasado 10 de marzo, hizo referencia a una actividad realizada por amigos suyos manifestando su agradecimiento a los asistentes.

“Gracias a todas y todos por su energía positiva, su aliento y sus brazos extendidos y abiertos para abrazar la vida”, escribió el 10 de febrero.

Ese mismo día, minutos antes, había dado cuenta de la importancia de su familia: “Esta batalla estaría perdida sin mi compañera, hijos y familia, mis amigos y compañeros, sin la fuerza que me dan vuestro afecto y respeto”.

Solo dos días antes, el 8 de febrero, el líder socialista había revelado a través de un comunicado que padecía de cáncer. “Encararé esta situación con la misma energía en defensa de la vida y los derechos fundamentales que he buscado tener durante toda mi trayectoria”, manifestó entonces.