Este es un artículo que salió en el diario digital agenciaorbita.org el 26 del Noviembre del 2006, y parece que sigue vigente el día de hoy.
Leamos el artículo y veamos como las cosas siguen iguales.
Lima - Perú, (ORBITA).- En el Perú de hoy existe un tipo de discriminación del cual poco se habla: la discriminación religiosa que, desde el Estado, se ejerce en beneficio de la iglesia católica y, por extensión, en perjuicio de la comunidad evangélica, de las demás confesiones religiosas, y de las personas que no profesan confesión alguna.
El problema, para hablar sólo del Perú republicano, comenzó cuando asumió el poder el generalísimo José de San Martín, quien firmó, el 8 de octubre de 1821, el Estatuto Provisional del Perú.
El artículo 1 de la sección primera decía: La religión católica, apostólica y romana es la religión del Estado: el gobierno reconoce como uno de sus primeros deberes el mantenerla y conservarla por todos los medios que estén al alcance de la prudencia humana. Cualquiera que ataque en público o privadamente sus dogmas y principios, será castigado con severidad a proporción del escándalo que hubiese dado.
El artículo 3 decía: Nadie podrá ser funcionario público, si no profesa la religión del Estado. En esos tiempos, ciertamente, la religión oficial del Estado era la católica. Hoy, 185 años después, el Estado peruano es laico, en teoría, pues en la práctica continúa siendo sectario y abusivo en lo que al tema religioso se refiere.
El presidente Alan García, en pleno año 2006 y cuando la ola de modernidad cubre al mundo, continúa firmando decretos que favorecen exclusivamente a la iglesia católica. Lo mismo hicieron los presidentes Alejandro Toledo y Valentín Paniagua.
Todo en base al semiclandestino concordato firmado por el Estado peruano y la Santa sede romana, en las postrimerías del gobierno militar del general Francisco Morales Bermúdez (19 de julio de 1980). Este concordato es hijo del Patronato nacional, firmado por el presidente Nicolás de Piérola el 27 de enero de 1880, durante su primer gobierno de corte dictatorial.
Por su parte, Alberto Fujimori, otro dictador, convalidó las exoneraciones procatólicas del concordato mediante decreto legislativo 626 del 29 de noviembre de 1990.
La desesperación de los dictadores para favorecer a la iglesia católica es evidente. Piérola lo hizo al mes de haber asumido el poder; Morales Bermúdez lo hizo diez días antes de terminar su mandato; Fujimori lo hizo a los tres meses de haber llegado a palacio de gobierno.
En noviembre de 2006, el Estado peruano paga sueldos y pensiones a los sacerdotes católicos en planilla mensual del Ministerio de Justicia. Hoy, el Fondo de Compensación y Desarrollo Social y los gobiernos regionales (ayer consejos transitorios de administración regional) construyen y restauran parroquias católicas.
Hoy, el Ministerio de Educación paga los sueldos de los profesores de mil colegios católicos y de los profesores de religión católica de cuarenta mil colegios estatales. Hoy, el Ministerio de Defensa sostiene económicamente al Obispado castrense para “evangelizar”, desde la perspectiva católica, a los miembros de las fuerzas armadas y policiales.
Hoy, millones de soles salen del tesoro público para sostener exclusivamente a la iglesia católica, siendo ese dinero de TODOS los peruanos: de católicos, de evangélicos, de mormones, de testigos, de israelitas, de adventistas, de grupos arreligiosos.
Si a ello agregamos el dinero que sale del erario nacional para apoyar la obra social católica vía Hogar de Cristo, Clínica San Juan de Dios, Asociación Fe y Alegría y otras instituciones, el monto es realmente grande. Además hay exoneraciones, inafectaciones y franquicias de las que goza la iglesia católica, mientras se perjudica sistemáticamente a las instituciones de otras confesiones.
Para cerrar el círculo, los municipios provinciales y distritales también ponen su cuota procatólica. El modus operandi empieza con la denuncia de algún vecino “por los ruidos molestos” que hacen los evangélicos cuando cantan sus alabanzas. Luego viene la exigencia de la licencia de funcionamiento del templo, a pesar de que el decreto legislativo 776 lo prohíbe. Después llegan las amenazas, las multas y la clausura del local.
En varios distritos limeños como San Miguel, San Borja, Surco, San Isidro, Pueblo Libre, los alcaldes están cometiendo graves abusos contra miles de personas militantes de las confesiones minoritarias. Sucede que se ha sembrado estatuas de vírgenes en las plazas y parques sugiriendo la idea de que esos distritos son exclusiva y excluyentemente católicos.
El Congreso de la República tiene tres proyectos de ley sobre igualdad religiosa, obviamente encarpetados: Natale Amprimo (Somos Perú 2001), Rosa Yanarico (Perú Posible 2002), Rosa León (Partido Aprista Peruano 2003). Un cuarto proyecto, trabajado por diversas personalidades, está retenido en el Ministerio de Justicia.
¡Es hora de terminar con la discriminación religiosa imperante en el país! ¡Es hora de que nuestra legislación esté a la par con la avanzada legislación religiosa de otros países! ¡Ciento ochenta y cinco años de discriminación religiosa son suficientes! ¡Derrotemos el abuso del poder religioso y del poder civil en contra de las confesiones no católicas! ¡Todos somos iguales ante la ley! (Tito Pérez )
Tito Pérez Quiroz es un periodista peruano, miembro de la Iglesia Evangélica del Nazareno en Lima, Perú. Dirige el periódico “Protestante” y el Ministerio “Iglesia y Sociedad”. Ha publicado los libros: “Discriminación Religiosa en el Perú” e “Iglesia y Estado”180 años de discriminación religiosa en el Perú
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